El Gobierno de España ha decidido cancelar un contrato de 6,6 millones de euros destinado a la compra de municiones a la empresa israelí IMI Systems, que se iba a destinar a la Guardia Civil. Esta medida se ha tomado luego de una fuerte presión política de Sumar y otros socios de la coalición gubernamental, quienes consideraron inaceptable que España mantuviera relaciones comerciales con Israel en medio de su ofensiva militar en Gaza.
El contrato, que había sido aprobado por el Ministerio del Interior, generó controversia dentro del propio Ejecutivo. Aunque al principio el Ministerio defendió la legalidad del acuerdo y aseguró que no violaba ninguna normativa vigente, la situación política y social en torno a las tensiones en Gaza intensificó el debate. Sumar, encabezada por Yolanda Díaz, calificó el acuerdo de “inaceptable”, dado el contexto de los ataques israelíes sobre Palestina y la situación humanitaria que se vive en la región.
Ante las crecientes críticas internas y la posible fractura dentro de la coalición, el presidente Pedro Sánchez tomó la decisión de ordenar la cancelación del contrato. En una rueda de prensa, Sánchez declaró que la medida respondía a “la necesidad de no contribuir con armamento a un conflicto que está causando miles de víctimas”. Además, anunció que las empresas israelíes quedarían excluidas de futuras licitaciones de defensa en España, como una forma de dar un paso más en la alineación de la política exterior y los valores del Ejecutivo.
La cancelación del contrato ha generado reacciones encontradas. Mientras que varios sectores de la izquierda y grupos defensores de los derechos humanos han celebrado la decisión, desde la derecha y algunos analistas de defensa consideran que esta medida podría afectar la relación estratégica entre España e Israel, así como la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El tema también ha sido objeto de debate en la comunidad internacional, con varios observadores que ven en esta acción un reflejo de las tensiones políticas internas en España y una posible señal del enfoque progresista del Gobierno sobre los derechos humanos y los conflictos internacionales.
