El gobierno de España ha cancelado de forma unilateral un contrato valorado en 6,6 millones de euros (equivalente a 7,5 millones de dólares) para la compra de 15,3 millones de cartuchos de munición de 9 mm a la empresa israelí IMI Systems. La decisión llega tras una fuerte presión del socio de coalición de izquierda, Sumar, y el creciente rechazo social a los acuerdos de armamento con Israel en medio de su ofensiva militar en Gaza.
El contrato, inicialmente aprobado por el Ministerio del Interior en octubre de 2024, tenía como objetivo abastecer a la Guardia Civil. Sin embargo, su ejecución generó una ola de indignación dentro del propio gobierno. Desde Sumar, formación liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se calificó el acuerdo como una “flagrante violación” del compromiso del Ejecutivo de detener el comercio de armas con Israel tras el estallido del conflicto en Gaza en octubre de 2023.
Díaz exigió la cancelación inmediata del contrato, subrayando que el Estado español no debía colaborar con un país acusado de cometer atrocidades contra el pueblo palestino. Al principio, el Ministerio del Interior argumentó que el contrato estaba demasiado avanzado para ser anulado sin costes significativos ni riesgos para el suministro de munición a la Guardia Civil. Sin embargo, ante la creciente presión política y el riesgo de una fractura en la coalición gubernamental, el presidente Pedro Sánchez ordenó la rescisión unilateral del acuerdo.
Además, el Ejecutivo anunció que en futuras licitaciones de armamento quedarán excluidas las empresas israelíes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel criticó la cancelación, acusando a España de priorizar intereses políticos sobre consideraciones de seguridad y de posicionarse contra un Estado que, según afirmó, se defiende de ataques terroristas.
Este episodio ha tensado aún más las relaciones dentro del gobierno de coalición, ya afectadas por desacuerdos en materia de defensa y política exterior. La decisión resalta las dificultades del gobierno de Sánchez para equilibrar sus compromisos internacionales con las exigencias políticas internas.
